miércoles 11.12.2019
El Tribunal Supremo acaba con el criterio que posibilita encarcelar a culpables de delitos en segunda instancia

El expresidente de Brasil, Lula da Silva, en libertad desde el pasado 8 de noviembre

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue puesto en libertad el pasado ocho de noviembre. El juez ordenó su liberación tras 19 meses encarcelado por corrupción. Previamente fue el Tribunal Supremo el que decidió revocar el criterio que permitía encarcelar a culpables de un delito en segunda instancia. Ahora los condenados solo entrarán en prisión cuando la sentencia sea firme.
Imagen de la bandera de Brasil sin copyright, recogida de Pixabay.
Imagen de la bandera de Brasil sin copyright, recogida de Pixabay.

El  recurso del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ahora está pendiente de ser juzgado en tercera instancia. El expresidente sigue teniendo diez causas pendientes de investigación. Todas ellas tienen que ver con sobrepagos, sobornos y tráfico de influencias.

 

Ahora, en un acto de justicia para muchos, e injusticia para otros, Lula se encuentra entre los brasileños. En un panorama nacional muy convulso y con Jair Messias Bolsonaro como presidente, mucha gente pide la vuelta del político del Partido de los TrabajadoresEn el país existe una situación de sospecha generalizada, y es que la idea de que pueda presentarse Lula a presidente en las próximas elecciones no parece ser tan descabellada.

 

El polémico caso de Lula da Silva

 

Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010 con el Partido de los Trabajadores, fue encarcelado por corrupción en abril de 2018. El Tribunal Supremo de Brasil ha revertido la jurisprudencia que había establecido en 2016 sobre la causa. Con esto, 4800 presos han salido de la cárcel, entre ellos Lula.

En marzo de 2016, la policía de Brasil interrogó al expresidente en su casa, contra él, se presentaron cargos por corrupción con respecto a la petrolera nacional Petrobras. El motivo inicial era la obtención en propiedad de un apartamento en el puerto de Guaraja (Sao Paulo). Este piso era de OAS una constructora salpicada por un escándalo por beneficiarse de contratos con Petrobras a cambio de favores políticos. Esto es, saltarse el concurso. Supuestamente, Lula reformó y amuebló este piso con el dinero del soborno.

Este caso se denominó: Lava Jato. Consistió en una investigación sobre el lavado de dinero masivo que involucró a decenas de políticos, funcionarios y empresarios por haber participado en esta red fraudulenta en torno a la empresa petrolera. Fue el juez Sergio Moro quien encabezó el caso, a día de hoy es Ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro. Su nombramiento supuso un doble significado en la opinión pública: de un lado, la confirmación de que Bolsonaro quería limpiar el país de corruptos; de otro, que las investigaciones de Sergio Moro contra Da Silva podían tener intereses políticos.

 

Más allá del caso Lava Jato.

 

El caso Obedrecht derivó en la investigación Lava Jato. Este fue un caso más grande que arrasó con grandes políticos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Fue en junio de 2019 cuando un juez aceptó una denuncia por corrupción contra Lula, el empresario Marcelo Odebrecht y los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo.

El caso involucraba un supuesto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de favoritismo por parte del gobierno federal. La defensa de Lula declaró que el expresidente “nunca solicitó ni recibió ninguna ventaja inadecuada antes, durante o después de ocupar el cargo de presidente de la República”.

 

Las causas abiertas de Lula da Silva

 

El tríplex de Guarujá, fue el caso que llevó a Lula a la cárcel en 2018 tras ser hallado como culpable de aceptar sobornos $ 1,1 millones por parte de la constructora OAS a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El pago fue destinado a reformar y amueblas un apartamento de lujo de tres pisos en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

En julio de 2017, el juez Sergio Moro determinó que Lula dirigió una trama para conceder a OAS contratos millonarios del gobierno a cambio del apartamento en el marco de la operación Lava Javato.

 

La finca de Atibaia. Lula fue condenado en primera instancia por por recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht para reformar una de sus residencias en Atibaia, São Paulo, a cambio de contratos con Petrobras. Aunque la propiedad se encuentra formalmente a nombre de un empresario, la Justicia determinó finalmente que Lula era el verdadero dueño y principal usuario de la casa. Además de Lula, otras diez personas fueron condenadas, incluidos los expresidentes de OAS y Odebrecht, Léo Pinheiro y Marcelo Odebrecht, respectivamente.

 

Nombramiento como ministro de la Casa Civil. En 2017, el entonces fiscal general Rodrigo Janot presentó una denuncia contra los expresidentes Lula y Dilma Rousseff por obstrucción de la justicia. El motivo fue el nombramiento de Lula, un año antes, como ministro de la Casa Civil  (link a lo que esto) del gobierno de Dilma.

Según Janot, la decisión se habría tomado en un tiempo récord para garantizarle ser aforado por su cargo público y blindarlo ante las acusaciones en su contra. En ese momento Lula ya era objetivo de las investigaciones de Lava Jato.

 

Préstamos del BNDES a Angola – Operación Janus. El Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Lula de los delitos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias presuntamente de Desarrollo Económico y Social (BNDES) Link de lo que es esto, para conceder préstamos al Banco Nacional Odebrecht en Angola entre 2008 y 2015.

 

El terreno para el Instituto Lula. Lula está acusado de negociar con Odebrecht un soborno de unos US$2,9 millones para la compra de un terreno en São Paulo en el que construir una nueva sede para el Instituto Lula que se encarga de divulgar su legado.

Lula fue acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y organización criminal en la llamada Operación Zelotes.

 

Compra de aviones de combate, la denominada Operación Zelotes. 36 cazas del modelo Gripen al fabricante sueco Saab. Según la denuncia, Lula recibió supuestamente US$540.000 a través de una empresa de su hijo en el marco de esta compra durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política.

 

Beneficios a automotrices (Operación Zelotes) En el marco de la misma operación, la Justicia federal aceptó una denuncia contra Lula por corrupción pasiva.

En este caso, se le acusa de recibir US$1,4 millones en sobornos para aprobar una medida en 2009 que prorrogó los beneficios fiscales a los fabricantes de automóviles en el país.

 

La gran cuadrilla del PT.A finales del año pasado, una jueza aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra Lula, Rousseff, dos exministros de Finanzas y el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) por organización delictiva.

Según la denuncia, la cúpula del PT (bautizada en este caso como"la gran cuadrilla") habría recibido unos US$355 millones de sobornos en dinero desviado de las arcas públicas.

 

Guinea Ecuatorial y el Instituto Lula. En este caso, el expresidente brasileño está acusado de recibir un soborno de pagado por empresarios brasileños a cambio de que negociara contratos a su favor con US$240.000 el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

El pago fue supuestamente realizado por medio de una donación al Instituto Lula.

 

Soborno de Odebrecht. En junio de 2019, un juez aceptó una denuncia por corrupción contra Lula, el empresario Marcelo Odebrecth y los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernando.

El caso involucra el supuesto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de favoritismo por parte del gobierno federal. La defensa de Lula declaró que el expresidente “nunca solicitó ni recibió ninguna ventaja inadecuada antes, durante o después de ocupar el cargo de presidente de la República”. 

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